Chile vive días decisivos para el mercado del crédito. La llamada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social —la «megarreforma» impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast tras los incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso— está a punto de cerrar su tramitación en el Congreso. Y dentro de ese proyecto de más de 40 medidas se coló un debate técnico que hoy tiene en alerta a bancos, cooperativas, retail financiero, la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central: el fin del anatocismo.
¿Qué es el anatocismo y por qué importa?
El anatocismo es la capitalización de intereses: cuando una deuda impaga genera intereses y, con el tiempo, esos intereses se suman al capital adeudado, generando a su vez nuevos intereses. En criollo, es el «interés sobre interés» que hoy permite, entre otras normas, el artículo 9° de la Ley N°18.010.
La indicación que avanzó en el Congreso busca prohibir esta práctica de forma amplia: no se podría estipular en ningún caso el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación.
El riesgo para el crédito de las empresas chilenas
Para el mundo financiero, la preocupación no es menor. Si se prohíbe el anatocismo en los términos actuales, buena parte de los contratos y productos financieros vigentes —créditos comerciales, líneas de capital de trabajo, factoring, leasing— tendrían que reformularse. Los argumentos que circulan entre la industria y los reguladores apuntan a varios frentes:
- Repricing del riesgo: si el acreedor no puede capitalizar intereses sobre una deuda morosa, es probable que compense ese riesgo subiendo las tasas iniciales o exigiendo garantías más duras a las empresas, especialmente pymes con historial crediticio más débil.
- Menor incentivo a otorgar crédito: sin la herramienta del interés compuesto para cubrir el costo del no pago, algunas instituciones podrían restringir montos o plazos, encareciendo el financiamiento justo cuando se busca «reactivar la economía».
- Incertidumbre contractual: modificar de golpe una práctica instalada en el sistema financiero desde hace décadas obliga a renegociar productos vigentes, lo que genera fricción legal y operativa para las empresas que ya tienen líneas de crédito activas.
- Judicialización: el propio Ejecutivo ha señalado que evaluará ir al Tribunal Constitucional por considerar la norma inconstitucional, lo que añade incertidumbre sobre la vigencia real de la medida incluso si se aprueba.
Un matiz importante: no fue el Ejecutivo quien empujó esta norma
Aquí conviene ser precisos: la Ley de Reconstrucción Nacional sí es una iniciativa del oficialismo, pero el fin del anatocismo no nació en La Moneda. La indicación fue incorporada por parlamentarios durante el paso del proyecto por la Cámara de Diputados, donde obtuvo mayoría. El propio gobierno intentó eliminarla en el Senado y, tras no lograrlo en la Sala, el biministro Claudio Alvarado adelantó que el Ejecutivo prepara un veto supresivo para borrar, al menos, el inciso que prohíbe de manera absoluta el cobro de interés sobre interés.
Es decir: la megarreforma sí es un vehículo legislativo del gobierno, pero en este punto específico el oficialismo ha actuado más bien como freno que como impulsor. El riesgo para el crédito empresarial existe, pero su origen está en la correlación de fuerzas del Congreso —oposición y sectores del propio oficialismo disconformes con el statu quo bancario, más que en una política deliberada del Ejecutivo.
¿Qué viene ahora?
El proyecto podría convertirse en ley pronto si la Cámara de Diputados ratifica lo despachado por el Senado. Si eso ocurre, el destino del artículo sobre anatocismo dependerá de si el gobierno concreta el veto supresivo y de si el Congreso lo respalda, o si la disputa termina, como se ha anticipado, en el Tribunal Constitucional.
Para las empresas chilenas, especialmente las pymes que dependen de crédito de corto plazo, vale la pena seguir de cerca esta discusión: el resultado final podría cambiar las condiciones de financiamiento antes de que termine el año.
