Capital Office ofrece el servicio de implementación de un Sistema de Prevención de Delitos desarrollado bajo los más altos estándares, el cual tiene su origen en la Ley N° 20.393.-, en vigencia desde Diciembre de 2009. Esta ley se promulga como parte de las recomendaciones para que el país entre como miembro a la OCDE. De esta manera es posible regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas en especial en lo que se refiere al delito de cohecho, fraude y financiamiento de terrorismo.

La Ley N° 20.393 prevé un sistema de sanciones para aquellas personas jurídicas (de derecho privado, con o sin fines de lucro y empresas del Estado) que incurran en los supuestos de responsabilidad señalados, tales como multas cuantiosas, la imposibilidad de contratar con el Estado e incluso la disolución o cancelación de la persona jurídica de la entidad.

Sin embargo, la misma norma establece que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido, eximiéndose de responsabilidad, si la empresa implementa modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos.

Capital Office cuenta con un equipo de expertos de amplia experiencia en el desarrollo de modelos de gestión, todo esto sumado a la experiencia de sus socios y colaboradores, implicando poder ofrecer las garantías necesarias de eficiencia, y seguridad que el tema merece.